El juez Adrián González Charvay, procesó a los líderes de la Asociación Argentina de los Adventistas del Séptimo Día por contrabando y residuos patológicos.
El hecho ocurrió en julio pasado: la Aduana detectó en Zárate un megaenvío de artículos electrónicos de alta gama enmascarado como “donación” para una universidad para evadir impuestos.
El 22 de julio del año pasado, el pastor Jorge de Sousa Matías le dijo a un confidente desde su teléfono celular, claramente preocupado: «No para que lo comentes, pero por ahora estamos mal, nos bajaron todo y hace tres días que están abriendo cada caja. Sigan orando».
Cuatro días después de ese llamado, De Sousa Matías recibió una comunicación de una mujer de su entorno con una sugerencia un poco inusual para un hombre de su investidura y fe: «Pastor, ¿no habrá algún político influyente con el que se pueda hablar?». «Buena idea», respondió el hombre: «Estamos viendo lo del político influyente».
Sin embargo, lo que De Sousa Matías ignoraba al hablar con tanta preocupación como soltura era que su teléfono estaba siendo intervenido por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en una causa instruida junto al secretario Matías Latino. Poco después, el vicerrector y pastor terminaría allanado y detenido.
La cúpula nacional del culto cayó junto a él. Fueron investigados Carlos Ursus Gill Krug, también pastor y presidente de la Asociación, la cabeza nacional del culto, Carlos Daniel Gimenez Graf, su tesorero y Roberto Osvaldo Giaccarini, director de ADRA, la asociación de ayuda humanitaria del culto así como apoderado de la Asociación. La acusación en su contra: contrabando.
En los contenedores secuestrados además de residuos patológicos se encontró una gran cantidad de aparatos electrónicos de alta gama y herramientas nuevos y usados, en cajas originales, que no habían sido declaradas.
