Procesan a más de 90 intendentes por supuesto fraude público

Bonadio investiga una malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades de todo el país llevaran adelante tratamientos de residuos.

El juez Claudio Bonadio procesó este jueves a 92 intendentes y ex intendentes, acusados de ser partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública mediante un programa de tratamiento de residuos urbanos.

Por el mismo expediente ya estaban procesados los ex jefes de Gabinete kirchneristas Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, ya que eran los responsables políticos del programa.

Las órdenes del magistrado fueron dirigidas a intendentes y ex intendentes de Ciudades ubicadas en las provincias de Chaco, Santa Cruz, Chubut, Santa Fe, Tucumán, Río Negro, Córdoba, Corrientes, Misiones, La Pampa, Santiago del Estero, Entre Ríos y Buenos Aires.

“Entre todos los acusados cometieron un fraude contra la administración pública entre los años 2013 y 2015 que habría superado los 600 millones de pesos”, es la información que maneja Bonadio. “Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, haya sido cumplimentado”, sostuvo en el fallo de 347 páginas.

“Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, de una suma aproximada de seiscientos cuatro millones quinientos veintinueve mil seiscientos setenta pesos. Cada uno de los intendentes involucrados, al momento de ejercer su descargo, no pudieron justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos del PGIRSU al que se habían obligado”, remarcó.

Se trata de una investigación que inició en 2016 a partir de una serie de irregularidades observadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en los programas para el tratamiento de residuos -entre 2013 y 2015- de la ex Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura de Gabinete.

Son 10 los ex funcionarios nacionales que están involucrados en la implementación irregular del programa que tenía como finalidad lograr una mejora en la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos. Según la teoría del juez, esos fondos provenientes del Estado nacional se giraron a los municipios que lo solicitaron mediante un proyecto que debían presentar los intendentes, previa firma del convenio.

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