Con aval de sus cinco miembros, formalizó la creación de un Fondo Anticíclico con recursos que juntan desde 2008 y en la actualidad rondan unos 15.000 millones de pesos.
Con el aval unánime de los cinco miembros del Máximo Tribunal, se formalizó la creación del «Fondo Anticíclico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», una caja formada con recursos propios desde el año 2008 y que en la actualidad suele rondar los 15.000 millones de pesos.
La decisión de la Corte, que además de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz también firma el secretario general de administración Héctor Marchi, surge en medio de las medidas del Gobierno para achicar el gasto y así cumplir con el déficit fiscal prometido al Fondo Monetario Internacional.
A fines del 2008 se decidió crear «un fondo anticíclico para afrontar crisis económicas», con un aporte inicial de 500 millones de pesos, «provenientes de activos financieros del Máximo Tribunal nacional, que podrán ser invertidos en colocaciones a plazo en entidades bancarias oficiales (hasta 50% puede ser en moneda extranjera». Esa caja aparecía como una solución ante posibles represalias financieras durante el kirchnerismo.
La acordada 21/2018 señala que «se crearon fondos específicos para garantizar el funcionamiento de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación y que responden a su gestión basada en los principios de la responsabilidad fiscal».
Añade además que el Fondo Anticíclico constituye una «herramienta financiera de sanas administraciones que permiten equilibrar los recursos en el tiempo y atenuar los impactos en los ciclos económicos». Por otro lado, el mismo «garantiza financieramente todas las actividades del Tribunal, incluyendo gastos en personal, gastos de funcionamiento e inversiones en infraestructura y equipamiento», y que el alto Tribunal «cuenta con los recursos financieros propios suficientes para destinarlos a tal fin».
«Por ello, acordaron: establecer el Fondo Anticíclico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, compuesto por recursos propios del Alto Tribunal provenientes de los saldos de libre disponibilidad y de los fondos específicos mencionados en el primer considerando, más los rendimientos de la colocación del fondo que se realice en entidades bancarias», cierra la acordada con las seis firmas.
