La CIDH analizará la denuncia de los padres de Marcela Iglesias contra el Estado

Se trata de la niña que murió aplastada por una estatua mal colocada en el Paseo de la Infanta en 1996. La Corte cerró el caso y sus padres demandaron al Estado por no esclarecer los responsables


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que estudiará el caso de Marcela Iglesias, la nena de 6 años que murió aplastada por una escultura instalada ilegalmente en el Paseo de la Infanta, en 1996. El caso había sido cerrado por la Corte a nivel nacional pero el organismo decidió aceptar la demanda de los padres de la víctima contra el Estado.

De acuerdo a la información provista por Diego Corbalán, en la carta remitida a la familia de Marcela se acepta la petición invocando el artículo 46 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, (también llamado Pacto San José de Costa Rica) a la que la Argentina adhirió en 1984 y determinó un plazo de cuatro meses para que se presenten observaciones adicionales.
El 5 de febrero de 1996, Marcela y dos amigas de la Colonia de Vacaciones del Banco Hipotecario estaban esperando para ingresar a un pelotero en el Paseo de la Infanta cuando una escultura de dos metros y medio y 250 kilos se desprendió de su base y aplastó a la niña provocando su muerte en el instante. Las otras dos nenas sufrieron lesiones.
La causa fue calificada por «homicidio culposo y lesiones culposas» porque se determinó que la estatua estaba en evidente estado de oxidación y que sólo uno de los cuatro extremos estaba soldado a la base. En ese entonces, el caso llegó a tener 6 procesados: el escultor Danilo Danzinger; la dueña de la galería donde se encontraba la escultura en exhibición, Diana Lowerstein; y los funcionarios municipales Héctor Torea, Antonio Mazzileti, Juan Carlos Fabale, y Marco Pasinato.
Luego de 117 recusaciones y apelaciones, la causa prescribió en 2005 ya que la sanción de la ley 25.990 modificó el Código Penal achicando los plazos de preescripción. La querella, luego, apeló ante la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que confirmaron el fallo en primera instancia.
La causa nunca llegó a juicio oral por lo que los padres reclaman que nunca pudieron esclarecer la responsabilidad de los particulares y de los funcionarios municipales. En 2008 su defensa presentó una demanda contra el Estado argentino ante la CIDH al considerar una violación a los artículos 8 y 25 del Pacto San José de Costa Rica que establece «un juicio seguro, rápido y eficiente».
El lugar donde ocurrió la tragedia pasó a llamarse Paseo Marcela Iglesias en homenaje a la niña. Su madre, Nora, integra la Asociación Madres del Dolor.

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