Incidentes del Congreso: piden que los militantes del PO vuelvan a la cárcel

El fiscal Germán Moldes habla de una «disciplinada y belicosa milicia dotada de estructura y organización semi-militarizada» y pide que el caso sea considerado «un alzamiento contra uno de los poderes del Estado».


Los militantes del Partido Obrero César Arakaki y Dimas Ponce fueron procesados por el juez Sergio Torres por haber participado de los incidentes del 18 de diciembre pasado en el Congreso durante la protesta contra la Reforma Previsional.

Primero fueron detenidos y tras el procesamiento quedaron en libertad. El magistrado consideró que, según las imágenes, no fueron ellos quienes hirieron de gravedad al policía de la Ciudad Brian Escobar. Ese agente aparece tirado y Arakaki y Ponce se le acercaron y le pegaron pero no fueron los que le produjeron las heridas en la cabeza.

Torres los había acusado por los delitos de «lesiones en agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad, agravado por haber sido cometido a mano armada y por una reunión de más de tres personas» y dispuso la liberación.

Esta decisión fue apelada por su colega Carlos Rívolo y también ahora por el fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes, quien pidió que los militantes del PO vuelvan a ser detenidos.

En un fuerte escrito sostuvo que «sobran los indicios que demuestran que Arakaki y Ponce revistan como cuadros o tropa de una disciplinada y belicosa milicia dotada de estructura y organización semi-militarizada y que, en tal carácter, participaron de las acciones del 18 de diciembre en la Plaza de los Dos Congresos, cuando se alzaron contra uno de los poderes del Estado para impedir que cumpla su función».

Y siguió: «De ese modo y teniendo en consideración los medios y dispositivos ofensivos con los que concurrieron a lo que se suponía no sería otra cosa que una ‘manifestación pacífica’ entiendo, con el Fiscal apelante, que tal como lo exige el código represivo nos hallamos frente al supuesto de quienes ‘se alzaren en armas contra alguno de los poderes públicos del Gobierno nacional …’ o procuren «… impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales».

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