La socióloga Samanta Bonelli analiza las opciones con las que se encuentra un Gobierno para asignar recursos y ser lo más eficiente posible.
Artículo original publicado por Samanta Bonelli en Clarín.
El Estado necesita priorizar en qué invertir los recursos de los ciudadanos, conocer qué políticas funcionan y saber cuáles son los mecanismos para que estas políticas lleven a los resultados deseados. Para ello, se necesita del conocimiento, de la evidencia para informar el proceso de toma de decisiones de política pública.
El camino desde la investigación a la introducción de mejoras en los servicios públicos basadas en la evidencia, es un proceso social complejo, al cual no solemos destinarle suficiente atención y recursos para desarrollarlo. Se suele pensar que basta con tener instrumentos de recolección de información precisos, bases de datos actualizadas y complejos análisis de las mismas para lograr que tomadores de decisiones y efectores de política pública incorporen la evidencia en sus prácticas cotidianas. Si bien poder contar con datos e información de calidad para la gestión es un gran paso, no es suficiente.
Es en el uso de esa evidencia que radica el mayor desafío. ¿Cómo acercar la investigación científica como instrumento fundamental a la hora de informar la toma de decisiones en la gestión pública y así tender a políticas de “mejor calidad”, capaces de responder a los desafíos del mundo actual? En el Reino Unido, se desarrolló una red de centros, llamados los What Works Centers (Centros sobre lo que funciona) cuyo objetivo es mejorar la forma en que el gobierno y otras organizaciones generan, comparten y promueven el uso de evidencia de alta calidad para la toma de decisiones de política pública.
Estos 10 centros trabajan en diversas áreas de la política social (educación, salud, cuidado) y se enfocan en distintas etapas del proceso que va desde la generación de la evidencia, hasta su uso y posterior evaluación.
Se dedican a analizar la evidencia ya disponible, investigar en base a áreas de vacancia identificadas, “traducir” los hallazgos al lenguaje de la política e interactuar con “su público” (docentes, personal médico, asistentes sociales, según corresponda) para promover la adopción de esta evidencia en sus prácticas. Es esta última etapa del proceso la que implica un mayor esfuerzo y desafío.
Existen múltiples diferencias entre estos centros en términos de los recursos con los que cuentan, cómo se relacionan con cada sector de la política social en el que operan (áreas de gobierno, servicios locales, institutos de investigación, universidades, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación) y las estrategias que implementan. Pero todos coinciden en trabajar por un mismo objetivo: el de promover y aumentar el uso de la evidencia en los procesos de toma de decisión.
El supuesto por detrás es que el conocimiento promueve mejoras en las decisiones de política pública y estas fortalecen sus resultados y la calidad de servicios que se ofrecen a los ciudadanos. Este modelo de generación, movilización y adopción del conocimiento requiere de recursos pero, fundamentalmente, de voluntad política para avanzar en una agenda vinculada a la generación de evidencia, el fortalecimiento de la investigación y la promoción de su uso para la mejora de las políticas sociales.
Resulta interesante para seguir pensando en formas innovadoras de garantizar que los servicios públicos en las distintas áreas de política social en Argentina puedan estar cada vez más informados y se vean fortalecidos y mejorados en base a lo que la evidencia disponible indica.
Samanta Bonelli es socióloga (UBA), Magister en Políticas Sociales y Desarrollo (LSE, Reino Unido).
