Los gobernadores no ven con buenos ojos el programa para reducir el déficit que busca aplicar el Gobierno
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya está formalizado y desde Washington comienzan a desembolsarse los primeros millones. El Gobierno, a la par, delinea su programa para reducir el déficit fiscal y tiene planes para las provincias, pero en el interior se alertan por algunos puntos y surgen las quejas.
Según publica Clarín, en la hoja de ruta del Ejecutivo se propone a los gobernadores un recorte de obra pública, menos partidas discrecionales, menos gastos operativos del Estado y paritarias acotadas. Los mandatarios provinciales no ven estas medidas con buenos ojos e insisten en ajustar sus propios números.
Tal es así que como alternativa contraofertaron un proyecto que había ofrecido el Gobierno de Mauricio Macri que consistía en trasladar el control de las concesiones eléctricas Edesur y Edenor a la ciudad de Buenos Aires y a la Provincia.
Si bien esta es una propuesta que había ofrecido el Gobierno en pleno debate por la ley anti tarifazo, generó el rechazo de las cercanías de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, ya que fuentes de su entorno se quejaron: «Nos eligieron para dejar un Provincia viable y el PJ hace esto«.
Desde el Ministerio del Interior le bajan el tono al ajuste que quiere aplicar Nación: “El Fondo no pide que ajustemos nada en la provincias, solo pide que el déficit sea de 1,3 por ciento. Es un numerito. Y vamos a llegar como tengamos que llegar”. Mientras que, uno de los principales negociadores entre el peronismo y los gobernadores, aseguró que «las provincias no van a compartir ningún ajuste»
En este marco, uno de los funcionarios que negoció mano a mano el crédito stand by con el FMI, admitió que a la presidenta del organismo, Christine Lagarde, sí se le presentó una tentativa de reducción de gastos de las administraciones provinciales. No obstante, explicó que se trata de «una proyección de ejecución fiscal de las provincias estimado en función de que cumplan el pacto de responsabilidad fiscal”
Al aplicarse este programa, la mayoría de los gobernadores deberán aferrarse a las trasnferencias automáticas que crecieron de forma exponencial en comparación a los últimos años, por convicción y principios, por el fallo de la Corte Suprema y por necesidad política. El Ejecutivo envía $ 200 mil millones de fondos automáticos más que el Gobierno anterior, dice Clarín.
Previendo el panorama, la Nación y los mandatarios en conjunto evalúan que obras con fondos nacionales priorizar aunque desde la Jefatura de Gabinete aseguran que estas podrían cubrirse con los nuevos proyectos de Participación Público Privado (PPP).
A su vez, están en jaque los programas sociales que se tramitan a través de las provincias, entre ellas, las pensiones por discapacidad. Los subsidios y las empresas estatales que supervisa Gustavo Lopetegui también sufrirán drásticos recortes.
El Gobierno quiere evitar sumar tensión entre los gobernadores antes de que se discuta el Presupuesto 2019 y sus ajustes. Si no hay acuerdo, advierten, se prorrogará el de este año. “Vamos a cumplir el 1,3% con o sin el presupuesto”, afirmaron desde la Rosada.
